LA PLUSVALIA MUNICIPAL en venta con perdidas

Los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. Así lo dicta el Tribunal Constitucional (TC), que extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para el territorio foral de Gipuzkoa. En una sentencia dictada el pasado 11 de mayo, el Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón al contribuyente en idénticos términos a la sentencia foral.

El Alto Tribunal considera ahora que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como impuesto de plusvalía— vulnera el principio constitucional de "capacidad económica" en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

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IMPUESTO SOBRE bebidas azucaradas (IBEE)

Parlamento de Cataluña: Ley 5/2017, de 28 de Marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público - Decreto / Ley 2/1017, de 4 de Abril que modifica la entrada en vigor del Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: A partir de 1 de Mayo de 2017

OBJETO Y COMPATIBILIDAD DEL IMPUESTO (Art. 70 y 71)
Grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas por razón de los efectos que tienen en la salud de la población, siendo compatible con otros tributos.
Hecho imponible (art. 72)
Grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas, a título gratuito u oneroso, por el contribuyente (definido en el art. 73) y es exigible en todo el territorio de Cataluña, y con independencia de su lugar de fabricación.
Son bebidas azucaradas las que contienen edulcorantes calóricos añadidos. Entre otros, el azúcar, la miel, la fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar o jarabe de agave y jarabe de arroz.

ESTÁN SUJETOS:
a) Los refrescos o sodas: bebidas sin alcohol de diferentes sabores, con gas o sin gas, preparadas comercialmente y que se venden en botellas o latas, y también las que se suministran al consumidor mediante un surtidor.
b) Las bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas
c) Las bebidas deportivas: bebidas diseñadas para ayudar a los atletas a rehidratarse, y también a reponer los electrolitos, el azúcar y otros nutrientes.
d) Las bebidas de té y café.
e) Las bebidas energéticas: bebidas carbonatadas que contienen grandes cantidades de cafeína, azúcar y otros ingredientes, como vitaminas, aminoácidos y estimulantes a base de hierbas.
f) Leches endulzadas, bebidas alternativas a la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta.
g) Bebidas vegetales.
h) Aguas con sabores.

NO ESTÁN SUJETOS:
Las bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o de verdura naturales, concentrados o reconstituidos, o su combinación, ni así tampoco leches o alternativas de las leches, que no contengan edulcorantes calóricos añadidos. También quedan excluidos los yogures bebibles, las leches fermentadas bebibles, los productos para uso médico y las bebidas alcohólicas. 2

CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO (art. 73)
La persona física o jurídica que suministra las bebidas azucaradas al consumidor final del producto. Lo serán los comercios de venta: hipermercados o supermercados, establecimientos de restauración y hostelería, cines, titulares de la explotación de máquinas de "vending", etc.
El contribuyente está obligado a repercutir el impuesto al consumidor final de las bebidas, y como sujeto pasivo, corresponde al contribuyente cumplir la obligación tributaria principal y las obligaciones formales inherentes a la misma, en los términos que se establezcan por reglamento.

SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE (art. 74) (art. 68.3 y 69.1)
Lo será el distribuidor residente en España que suministra las bebidas al contribuyente que las pone a disposición del consumidor.
El concepto de DISTRIBUIDOR, debe entenderse en un sentido más amplio: será aquella persona física o jurídica que suministra la bebida al contribuyente, entendido como punto de venta al consumidor final.
Por lo que:
• Pueden ser, también, sustitutos los fabricantes cuando éstos suministran las bebidas al contribuyente de forma directa en el punto de venta.
• En el caso de que quien suministre la bebida directamente al punto de venta (supermercado, cine, hotel, etc.) sea el mismo contribuyente, mediante p.ej. un centro logístico propio, no habría propiamente un sustituto, y quien deberá cumplir con la obligación tributaria principal es el propio contribuyente.

BASE IMPONIBLE (Art. 75)
Constituye la B.I. del Impuesto la cantidad en litros de bebida azucarada entregada por el distribuidor y adquirida por el contribuyente.

QUIÉN ACTÚA COMO SUJETO PASIVO
Es la persona física o persona jurídica que tiene la obligación de satisfacer la cuota tributaria y las obligaciones formales inherentes a este pago (presentación de autoliquidación).
A) EL CONTRIBUYENTE cuando el sustituto es no residente en España.
B) EL CONTRIBUYENTE cuando contribuyente y sustituto son la misma persona. Serían aquellos casos que es la misma la que realiza la distribución en sus puntos de venta.
C) EL SUSTITUTO DEL CONTRIBUYENTE, cuando este sustituto es residente en España.

Tipo de gravamen (Art. 76)
Para determinar el importe de la cuota, se aplicará el tipo de gravamen correspondiente sobre el volumen de bebida expresado en litros.
Se establecen dos tipos de gravamen según el contenido en azúcar:
- Las bebidas con más de 8 gramos de azúcar por cada 100 ml: 0,12 € / litro
- Las bebidas de entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 ml: 0,08 € / litro

Se aplicarán los tipos de gravamen de acuerdo con los siguientes criterios (art. 70 y apartados 3 (letras b y f) y 4 del art. 72):
a) En el caso de bebidas azucaradas envasadas contempladas en el art. 72.4 de la Ley (bebidas elaboradas a partir de zumos de fruta o de verduras naturales, concentrados o reconstituidos, o su combinación, y las leches o
alternativas de las leches), se aplicará el tipo de gravamen del arte. 76 considerando sólo el contenido de azúcar añadido.

b) En el resto de casos de bebidas azucaradas envasadas, se aplicará el tipo de gravamen del arte. 76 considerando el contenido total de azúcar de la bebida.

DEVENGO DEL IMPUESTO (Art. 77)
El impuesto se devenga:
Con carácter general, el impuesto se devenga en el momento en que se adquiere la bebida al sustituto.
En caso de que el sustituto y el contribuyente coincidan en la misma persona, el impuesto se devenga cuando el contribuyente ponga la bebida a disposición del consumidor.

REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO AL CONSUMIDOR
El contribuyente está obligado a repercutir el impuesto al consumidor final, sin que sea necesario que se explicite de forma expresa en el ticket de compra.
De conformidad con la Ley del IVA (art. 78 Ley 37/1992) del IBAE debe forma parte de la Base Imponible del IVA.

PERIODO DE LIQUIDACIÓN DEL IBEE
El Impuesto deberá auto liquidar en la forma y plazos determinados reglamentariamente (está actualmente tramitando el proyecto de Decreto que desarrollará la Ley).
Está previsto sin embargo establecer periodos trimestrales de liquidación y que la autoliquidación se presente en los 20 primeros días del mes siguiente a cada trimestre (Del 1 al 20 de Abril, del 1 al 20 de Julio, del 1 el 20 de Octubre, y del 1 al 20 de Enero).
El primer periodo de autoliquidación será pues entre los días 1 y 20 de Julio de 2017, referido al periodo Mayo - Junio ​​2017.

PERSONAS QUE DEBERÁN DE EFECTUAR EL INGRESO

Deberán ingresar y presentar la autoliquidación el contribuyente o el sustituto del contribuyente. Se aprobará el modelo preceptivo de autoliquidación, y el ingreso se efectuará por alguna de las formas habilitadas por la Agencia Tributaria de Cataluña y se deberá efectuar la presentación por vía telemática

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¿Cuál es en este momento la obligación que tienen las empresas de llevar un control de la jornada de sus trabajadores?

La reciente sentencia del Tribunal Supremo rectifica el criterio de la Inspección de Trabajo, que obligaba al registro diario de la jornada de todos los trabajadores.
Sin embargo, el registro de jornada sigue siendo obligatorio en varios casos.
La Inspeccion de Trabajo continua exigiendo después de la Sentencia del Tribunal Supremo y hasta que no haya una modificación legislativa, el registro de la jornada en los siguientes casos:

  • Es obligatorio registrar la jornada de los empleados contratados a tiempo parcial.
  • Es obligatorio llevar el registro pormenorizado de las horas extras realizadas.
  • Si se han realizado horas extraordinarias, al final de mes es obligatorio que la empresa lo comunique al trabajador y a los representantes de los trabajadores.



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El derecho al dividendo del socio minoritario

La Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, introdujo en su momento el artículo 348 bis en el articulado del Real Decreto Legislativo 1/2010, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El precepto regula el derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos. Hasta en dos ocasiones se aplazó su vigencia, pero llegado el día 1 de enero de 2017 la norma es ya una realidad.

I. Antecedentes Legislativos
El 2 de julio de 2010, y por Consejo de Ministros, se aprobó, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, norma que procedía a unificar en un solo cuerpo legal la regulación de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas cotizadas y las sociedades comanditarias por acciones, esto es, la práctica totalidad de las sociedades de capital existentes en nuestro ordenamiento jurídico. El proceso de refundición a que asistimos en aquel momento, fue la muestra evidente de la apremiante necesidad de modificar el Código de Comercio decimonónico vigente aún a fecha de hoy o, en su defecto, aprobar un nuevo Código de las Sociedades Mercantiles acorde a la realidad económica en que se mueven las sociedades y los operadores jurídicos. De ahí que la aprobación de la LSC supusiera un paso de gigante para la reordenación de la normativa existente en materia societaria, pese a que como se reconocía en la Exposición de Motivos, no elimine totalmente su dispersión. Quizá por ello, el apartado V hacía expresa mención de la decidida voluntad de provisionalidad con que nacía la norma, toda vez que apuntaba a que en el futuro se realizaran nuevas e importantes reformas. Como consecuencia de lo expuesto, llegamos a la conclusión de que era, y es, aspiración del legislador la creación de un único cuerpo legal que contenga la totalidad del Derecho general de las sociedades mercantiles, sin descartar la posibilidad de un Código de las Sociedades Mercantiles o incluso un Código Mercantil.
Mientras tanto, desde aquel momento, hemos asistido a distintas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital. Así, en el año 2011, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, modificó la Ley, con el objeto, en primer lugar, de reducir el coste de organización y funcionamiento de las sociedades de capital, la introducción de algunas normas de modernización del derecho de esta clase de sociedades, reclamadas insistentemente por los operadores jurídicos, así como la supresión de ciertas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las sociedades de responsabilidad limitada. En segundo lugar, traspuso a la legislación interna la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Y por último, y por lo que a nosotros nos interesa, introdujo el artículo 348 bis.
En lo que atañe al contenido de este artículo, a lo largo del año 2012 se produjeron modificaciones de calado en la Ley, y así, el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, convalidado mediante Resolución del Congreso de los Diputados de 29 de marzo de 2012, introdujo una serie de novedades relevantes a las que aludiremos en los párrafos siguientes. Si bien, con carácter previo consideramos necesario apuntar que el Gobierno, aprobado y estando en vigor el indicado Real Decreto-ley, decidió tramitarlo vía Proyecto de Ley. En virtud de dicha tramitación, la norma acabó convirtiéndose en la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, y en virtud de la disposición derogatoria de la misma, quedó derogado expresamente el Real Decreto-ley 9/2012. Pese a que la Ley 1/2012 realizara modificaciones sustanciales en la LSC en materia de fusiones y escisiones de capital y en la Ley de Modificaciones Estructurales, nos centraremos fundamentalmente en las modificaciones que afectan a las sociedades no cotizadas, y en particular en lo que ordenaba una nueva disposición transitoria que afectaba a la entrada en vigor del artículo 348 bis, esto es, del derecho de separación del socio que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios, sin que el resto de socios presentes en la junta general atendieran a su parecer, suspendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que en el número dos de la Disposición Final primera volvió a establecer una suspensión de la vigencia del artículo 348 bis, introduciendo un nuevo plazo suspensivo, que se sumaba al anterior, hasta el 31 de diciembre de 2016, tratando así de evitar dificultades financieras adicionales a las sociedades en la situación de crisis que venían sufriendo.
En el presente momento, y en la medida en que nada ha dicho el legislador en contrario, debe entenderse que ha alcanzado su vigencia la, tantas veces aplazada norma, para comenzar a desplegar sus efectos.
II. El derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos
1. El contenido del precepto
El artículo 348 bis LSC, incorporado por la Ley 25/2011 al articulado de la Ley de Sociedades de Capital, al tratar el derecho de separación del socio, en sede de sociedades no cotizadas, establece que a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
Con ello, se permite al socio salir de la sociedad recuperando el valor de su inversión a valor razonable. El motivo como resulta obvio no es otro que proteger la posición de los socios minoritarios ante políticas abusivas de reinversión de beneficios mantenidas en el tiempo.
En todo caso, la norma prevé que quedan excluidos de este particular régimen de separación las sociedades cotizadas.
2. Requisitos para llevar a cabo la separación del socio
2.1. Plazo para ejercitar el derecho de separación
El plazo previsto por la Ley para ejercitar el derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios, en la que se hubiera tomado el acuerdo contrario a la voluntad del socio minoritario, relativo a la distribución del pertinente dividendo.
2.2. Valoración
En el supuesto de que no exista acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un experto independiente.
Dicho experto será designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración.
A tal efecto, para el ejercicio de su función, el experto podrá obtener de la sociedad todas las informaciones y documentación que considere útil y necesaria, así como realizar las verificaciones que estime necesarias. El experto nombrado por el Registro Mercantil contará con un plazo máximo de dos meses, a contar desde su nombramiento, para emitir su informe, que notificará inmediatamente por conducto notarial a la sociedad y a los socios afectados, acompañando copia. Asimismo, depositará otra copia del informe elaborado en el Registro Mercantil.
Al tratarse de un supuesto de separación voluntaria del socio, la retribución del experto correrá a cargo de la sociedad.
2.3. Reembolso del valor de las acciones o participaciones
Dentro de los dos meses siguientes a la recepción del informe de valoración, los socios afectados tendrán derecho a obtener en el domicilio social el valor razonable de sus participaciones sociales o acciones en concepto de precio de las que la sociedad adquiere o de reembolso de las que se amortizan.

Transcurrido dicho plazo, los administradores consignarán en entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, a nombre de los interesados, la cantidad correspondiente al referido valor. 

Se permite al socio salir de la sociedad recuperando el valor de su
inversión u valor razonable


2.4. Responsabilidades de los socios que se separan
Los socios de las sociedades de responsabilidad limitada a quienes se hubiere reembolsado el valor de las participaciones, en la medida en que por esta vía se amortizan las mismas, quedarán sujetos al régimen de responsabilidad por deudas sociales establecido para el caso de reducción de capital por restitución de aportaciones. En tal medida, estos socios responderán solidariamente con la sociedad del pago de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción se hubiese aprobado.
La responsabilidad del socio separado tendrá como límite el importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social, y prescribirá a los cinco años a contar desde la fecha en que la reducción fuese oponible a terceros. Para salvar esta responsabilidad, deberá dotarse una reserva con cargo a beneficios o reservas por un importe igual al percibido por el socio en concepto de reembolso, que será indisponible durante ese mismo plazo (cinco años). Todo ello salvo que las deudas con terceros hubiesen sido íntegra y totalmente satisfechas antes de finalizar dicho plazo.
2.5. Elevación a público
Efectuado el reembolso o consignado el importe de las acciones o participaciones del socio que se separó de la sociedad, los administradores, sin necesidad de acuerdo específico de la junta general, otorgarán inmediatamente escritura pública de reducción del capital social expresando en ella las participaciones o acciones amortizadas, la identidad del socio o socios afectados, la causa de la amortización, la fecha de reembolso o de la consignación y la cifra a la que hubiera quedado reducido el capital social.
En el caso de que, como consecuencia de la reducción, el capital social descendiera por debajo del mínimo legal, se estará lo dispuesto en esta ley en materia de disolución.
ATENCIÓN
Con la entrada en vigor del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, se está dotando de una herramienta a los socios minoritarios para que vean satisfechas sus expectativas de ver retribuida su participación, frente a la negativa de otros socios que perciben una retribucion bien por el ejercicio de funciones directivas, bien por la prestación de un trabajo dentro de la sociedad. Esperemos que la medida no acabe tomando una deriva indeseable, descapitalizando sociedades u obligándolas a tomar decisiones contrarias a lo establecido en otras normas, especialmente en lo referido a la normativa triburaria.
Fuente Boletin ASESORIA PIERA  mes de mayo 2017
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SOCIEDADES CIVILES INACTIVAS

Si Ud. constituyo con otro socio una sociedad civil y con el tiempo esa sociedad quedo inactiva, se dio de baja de las obligaciones fiscales, pero no se llegó a realizar la liquidación y disolución debe saber:
Que a partir del 1 de enero de 2016 las sociedad civiles que tengan personalidad jurídica
 ( tengan CIF) y tengan por objeto una actividad mercantil tributan por el impuesto de sociedades.
No están incluidas las sociedades con actividades agrícolas,ganaderas,forestales,mineras y las de profesionales.
Si no ha disuelto la sociedad civil durante 2016, estará obligado a presentar declaración del impuesto de sociedades en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del periodo impositivo para la sociedad civil. Este plazo en la mayoría de los casos finaliza el 25 de julio de 2017.
Recuerde que aunque su sociedad civil este inactiva ,sino esta disuelta debe presentar la declaración del impuesto de sociedades del ejercicio 2016.

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IRPF 2016 OBLIGADOS A DECLARAR



Con carácter general, están obligados a presentar declaración por el IRPF todas aquellas personas físicas que durante el año tuvieron su residencia habitual en España, con la excepción de quienes hayan percibido exclusivamente uno o varios de los siguientes tipos de rentas, con los límites que en cada caso se señalan:

 1. Rendimientos íntegros del trabajo, con los siguientes límites:
1. Con carácter general, el límite se establece en 22.000 € brutos anuales, cuando procedan de un único pagador. Este límite también se aplicará si se han percibido de varios pagadores en los siguientes supuestos:
  • Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 € brutos anuales.
  • Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en pensiones de la Seguridad Social y demás prestaciones pasivas y que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido. En concreto, este procedimiento debió solicitarlo el contribuyente durante los meses de enero y febrero del año de declaración mediante la presentación del modelo 146.
2. El límite se establece en 12.000€ brutos anuales cuando:
  • Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen la cantidad de 1.500 € brutos anuales.
  • Se hayan percibido pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos, salvo que estas últimas procedan de los padres por decisión judicial (estas últimas están exentas).
  • Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
  • El pagador de los rendimientos no esté obligado a retener (por ejemplo, pensiones procedentes del extranjero).
2. Rendimientos íntegros de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, si conjuntamente no superan la cantidad de 1.600 euros anuales.
3. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto por los tres conceptos de 1.000 euros brutos anuales


En ningún caso tendrán que declarar el IRPF los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital (mobiliario o inmobiliario), de actividades económicas y ganancias patrimoniales, sometidas o no a retención, cuando la suma de todos ellos no exceda de 1.000 € brutos anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 €. No obstante, deberán presentar declaración del IRPF aquellos contribuyentes que quieran beneficiarse de la aplicación de las siguientes deducciones o reducciones:
  • Deducción por inversión en vivienda habitual.
  • Deducción por cuenta ahorro-empresa.
  • Deducción por doble imposición internacional.
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VENTAJAS DE PLANIFICAR EN VIDA SU HERENCIA

Para evitar los conflictos que pueden surgir entre los herederos de una persona, que evidentemente suponen tensiones familiares, la ley posibilita distintas fórmulas de planificación de la sucesión. Así, sin tener en cuenta los aspectos fiscales, que son transcendentales en estas decisiones, pues dependiendo de la comunidad autónoma será ésa la legislación aplicable, que no es homogénea en el ámbito estatal, hace que ya en vida del causante, se pueda organizar de múltiples formas la sucesión.
Un testamento no es un instrumento, que ofrezca tan solo una única posibilidad. De hecho, bien planteado, es el vehículo para poder tener en cuenta a los distintos herederos, así, por ejemplo, cuando el causante es empresario suele querer que su empresa perdure en el tiempo, máxime si tiene ya en vida a algunos de los herederos trabajando en la misma, la planificación en vida nos posibilita soluciones quepuede tener implicaciones fiscales interesantes.
Hay fórmulas y productos que nos pueden ayudar a que sus herederos puedan tener un menor coste desde un punto de vista fiscal, lo que sin duda será agradecido por los herederos, pero algunos hay que planificarlos con tiempo por esto, es muy importante adelantarse y asesorarse antes de hacer el testamento y prever con la suficiente antelación nuestra herencia.